El fantasma del cierre acecha las unidades de estancia diurna de Sevilla

Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo | Sevilla no es una metrópolis habitual, acaso ni siquiera una gran ciudad. Es más bien un pueblo grande, como dicen los mismos sevillanos, y esto tiene sus defectos, y también sus ventajas. A falta de un barrio chino, uno de esos elementos comunes que hacen de las grandes urbes entes más o menos homogéneos, la ciudad tiene en el barrio de Sevilla Este su propio Lejano Oriente. Por eso uno no debe extrañarse de que en una de las entradas al mayor de los sectores hispalenses esté la calle Marathon, como símbolo macabro de la caminata que debe emprender quien quiera visitar esta zona de la ciudad, o de que en esa misma vía se encuentre una unidad de estancia diurna para mayores cuyo nombre, Alcira, hace referencia de forma inmediata e inevitable a otro oriente: el Levante español.

Es media mañana y en la puerta trasera, resguardados del sol que ya escuece en la piel bajo unos soportales, hay dos hombres hablando por teléfono, cada uno en su móvil de espaldas al otro, cual dúo despechado a lo Pimpinela. Son el director de la unidad, Rafael Cueto, y su mano derecha, José Carlos Marqués, director de Macaghe, una empresa externa que proporciona los servicios de distintos tipos de profesionales: psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas.

La Unidad de Estancia Diurna (U.E.D.) Alcira, como muchos centros de este tipo, está sufriendo las consecuencias del impago de varios meses por parte de la Junta de Andalucía, con quien tiene concertada la prestación del servicio de atención a mayores. A pesar de que en los últimos días “recibimos un pago”, cuenta Rafael, “ahora mismo nos deben tres meses”, la misma cantidad que la administración adeuda a otras unidades de ASUED, la asociación a la que pertenece.

Alcira tiene disponibles plazas para 38 usuarios. Sin embargo, desde que la unidad abrió sus puertas en 2008, “realmente nunca hemos conseguido pasar de 14”, admite Rafael, al tiempo que asegura que “la situación está bastante difícil” con ese número de ancianos, pues no todos están concertados y, además, “tenemos gente que hemos cogido como si tuviéramos la plaza concertada, sin tenerla, estamos cobrándoles el copago, la parte proporcional de su pensión, como si fuera con plaza concertada”, por lo que “encima de que son pocos, la ganancia es mínima”.

Desbordado por las deudas, acosado por los préstamos y agobiado por el hecho de que el dueño del local ya lo ha llevado ante los juzgados por no abonar el alquiler -una nueva denuncia supondrá una orden de desahucio inmediata-, Rafael lamenta que todos estos problemas están “causados por los impagos de la Junta de Andalucía”. Sentado en una de las mesas de su unidad, con ojeras bajo una mirada que delata un tremendo hastío, confiesa que “nos está costando mucho esfuerzo y ya estamos pensando en echar el cerrojazo y atrincherarnos en la vivienda para que no nos la quiten”.

Tanto Rafael como su socia, Ana Caballero, invirtieron más de 300.000 euros para poner en marcha la unidad. Cuatro años más tarde, con ésta abocada a la quiebra por los impagos de la administración, están no sólo a punto de perder el negocio al que han dedicado tantísimo tiempo, dinero, esfuerzo e ilusión, sino lo que establecieron como aval ante el banco a fin de que éste les concediera un préstamo: “casas familiares, de mis padres y de los suyos”. Entre todas las angustias que lo atenazan está la de que “si mi padre ha apostado por mí, yo no puedo perder la vivienda de mis padres, pero tampoco puedo perder la vivienda de los padres de mi socia”. Al final, también Rafael recita esa horrible sentencia que, en pocas palabras, refleja la realidad oculta de esta crisis: “es que se quedan familias en la calle”.

Familias como las de los diez trabajadores que desempeñan sus funciones en esta unidad. Cuatro de ellos están contratados directamente, mientras que los seis restantes forman parte de la empresa externa Macaghe, que nació en octubre de 2010 y actualmente cuenta con una plantilla de siete empleados y presta servicios a doce centros en la provincia de Sevilla, entre residencias, unidades de día y asociaciones.

Aunque Macaghe no está directamente subordinada a la Junta por ser una subcontrata, José Carlos Marqués, su director, afirma que realmente dependen “en gran medida” de la Administración, porque “cobramos de lo que ellos aportan”. “Cuando la Junta paga por un usuario con un plaza concertada no paga sólo eso”, explica, “esa plaza tiene una comida, tiene un alojamiento, una atención directa”, servicios contratados por los centros que “automáticamente se dejan de pagar”, pues “ese impago del 80% del que se hace cargo la Junta se ve reflejado luego en el pago a las subcontratas que trabajan para cada unidad”.

José Carlos admite que “todos los días les enseño las facturas a mis trabajadores y les digo que eso es lo que me deben y voy todos los días a poder cobrar, pero a mí los centros también me demuestran que la Junta no les han pagado”. Ante esto se pregunta, “¿qué hago?”, y tan pronto como termina de formular la cuestión responde con una posible salida: “yo, como empresario, al mes de impago podría irme al juzgado a reclamar la factura, pero yo puedo ocasionar que agobie todavía más a la persona”, por lo que entiende que “tengo que ser reflexivo muchas veces”.

Pese a todo, Rafael tiene “una cosa muy clara”: que para él “los primeros en cobrar son los trabajadores, y luego ya veremos si se pueden pagar los seguros sociales”, con los que “tengo una deuda de 30.000 euros”, algo que “no me preocupa”, puesto que “lo que me preocupa”, añade, “es que ellos puedan cobrar, porque también tienen familia y tienen que alimentar a sus hijos y tienen su hipoteca, como yo la tengo con mi negocio”. A continuación hace una pequeña pausa sin dejar de mirar fijamente a su interlocutor, como si quisiera escrutar la credibilidad que éste está depositando en las palabras que, con notoria sinceridad, salen no ya de su boca, sino de lo más hondo de su pecho. Luego, tras unos segundos, vuelve a retomar el hilo con el mismo tono apesadumbrado, para sentenciar que “hay gente trabajando en mi empresa y veo que no le puedes pagar, y eso para mí es un sufrimiento”.

El estrangulamiento de la lentitud administrativa

Rafael es un muchacho joven, de aspecto jovial y moderno, con el pelo largo recogido en una cola y la barba bien cuidada. Sin embargo, su voz tiene el mismo tono rasgado y añejo que la de los viejos de ducados y aguardiente seco en las mañanas del invierno, y una nota de cansancio fruto de estos meses de agobios y preocupaciones continuas. Esa voz que suena a saxofón tocando un blues de madrugada en un garito cualquiera de Alabama es una continua pregunta, un interrogante que no encuentra cierre ante la inacción de la Administración en la cuestión de la dependencia.

Nada más comenzar a hablar, Rafael lamenta que “todo está siendo bastante duro, porque nosotros comenzamos cuando entró la Ley de la Dependencia y está suponiendo un retraso en todo”. La tardanza más flagrante es la de los pagos, que ya no sólo acumulan tres liquidaciones sin abonar en la mayoría de centros, sean residencias o unidades de día, sino que, según las afirmaciones de responsables de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta ante empresas del sector, la norma a partir de ahora será que el pago se realizará a 60 días.

Para Rafael, “eso no es ninguna solución, porque a 60 días yo lo interpreto de dos maneras: que a final de año haya cobrado nada más que seis meses y me deban otros seis, o puede ser que realmente empiecen a pagar a 60 días, porque ahora no están pagando ni en ese plazo”, asegura, y da ejemplo de ello afirmando que “ahora me acaban de pagar marzo, pero es que me tenían que haber pagado abril, no marzo”.

No obstante, aun suponiendo esa posibilidad, el director de Alcira asegura que “si a mí me retrasas tanto el pago, el banco también me crea intereses, me quedo en números rojos, y eso tampoco lo aporta la Junta de Andalucía”. La situación ha llegado hasta tal punto que “si a mí este mes me han ingresado 5.000 euros del mes de marzo, yo he recogido 900 euros, porque yo ya debía 4.000 euros en el banco, y todo esto sin pagar la empresa externa, sin pagar el local, sin pagar luz, sin pagar agua, sin pagar comida, sin pagar al resto de mis trabajadores…”.

Esa lentitud de la administración se extiende además al proceso de ejecución de la Ley de la Dependencia. “Cuando la Ley dice que no pueden extenderse más de seis meses”, asegura Rafael, “ellos en realizar un PIA (Programa de Atención Individual) pueden tardar entre un año y medio y dos años, con lo cual ellos están incumpliendo la ley pero a nosotros nos exigen que la cumplamos. Una ley es para todo el mundo, no sólo para unos”, sentencia con visible enfado.

Éste es sólo uno de los numerosos problemas de gestión de la Ley de la Dependencia que denuncian las unidades de estancia diurna. El más importante, por ser el que más les afecta, es el de la concesión de plazas concertadas. En palabras de Rafael, en Alcira “ahora mismo hay siete plazas concertadas con ley”, mientras que “otros están con la solicitud de la ley y hay personas que llevan con nosotros un año y seguimos esperando, y les estamos cobrando el copago, lo que les corresponde”, algo que “es una gran pérdida, y más como está la situación, pero yo no dejo de darles de comer, porque ellos no se lo merecen y sí que te están pagando su parte”.

“Nosotros cogemos a esas personas porque empezó con el proceso de dependencia”, continúa explicando Rafael. “Se supone que si es una persona que ya está utilizando el recurso intentan agilizar un poco el proceso, pero no es el caso, no lo están haciendo. Tardan lo mismo y encima, una vez que tú has conseguido que haya terminado el proceso de ese usuario con la ley, tú no tienes plaza en ese momento. Vas a hablar a la Junta, con el delegado o con el jefe de servicio, y te dicen que no te pueden concertar la plaza. Si esa persona ya la tiene concedida por ley, ¿cómo no le vas a concertar una plaza?”, pregunta resignado.

En opinión de José Carlos Marqués, “ése es uno de los grandes fracasos de la ley, haber dado plazas concertadas que no están siendo utilizadas”, ante lo cual considera que “si después de uno o dos meses no están cubiertas” deberían “recogerlas y repartirlas por las unidades en las que sí que se están utilizando”.

“No pedimos que se amplíen las plazas, pero sí que se repartan”, asegura Rafael. “Si usted no está utilizando esas plazas concertadas en este tiempo y a otras unidades les han surgido usuarios que tienen la plaza concertada, cámbieles usted las plazas concertadas a esta unidad”. Matiza que “hay compañeros que se quejan de que les quitan las plazas”, a lo que él mismo responde que “si yo mañana me quedo sin esos tres y a ti te entran tres, van a ir para ti, y en el momento que todas las plazas que ya están concertadas estén cubiertas, cuando necesitemos más, pues que amplíen las plazas, pero mientras tanto no es necesario ampliar”.

“Lo único que tienen que hacer es repartir las plazas. Si yo la tengo vacía, te la doy a ti que te entra uno, y así sucesivamente. No es que nos las demos nosotros mismos. Eso lo tienen que organizar ellos, que son los responsables de esto”. Es su propuesta para evitar que, como critica José Carlos, “hay residencias y UED grandes que tienen, por ejemplo, 60 plazas concertadas con la Junta y de ésas están cubiertas 20, y el dinero para esas plazas está ahí, retenido porque no se está utilizando”.

En relación con ese aspecto, Rafael afirma, contundente, que “el presupuesto está y no nos pueden poner más excusas, no mintáis con que el dinero no está. El presupuesto está concedido, ese dinero está. ¿Por qué no lo dais? ¿Por qué nos estáis haciendo sufrir?”, clama, como si esperara una respuesta que, no obstante, sabe que no va a llegar.

“Yo tengo aquí usuarios que están esperando desde hace un año”, prosigue, mostrando su caso, “y encima, cuando les conceden la ley, tampoco te conciertan la plaza. Yo no digo que me des más plazas de las que puedo cubrir, pero si yo tengo usuarios que pueden cubrir una plaza que no está concertada se la tenéis que conceder. Es la ley”, asevera.

Otra mosca ronda detrás de la oreja de Rafael y José Carlos desde hace tiempo: la asignación de usuarios en función de su lugar de residencia. El director de Macaghe considera “muy raro que de 2008 a 2012 una unidad que, si la ves, está nueva, impecable, sin ningún problema, con su gimnasio perfectamente, con más cuartos de baño de lo que realmente te obligan, un salón gigante, una cocina, todo perfecto para estrenar, en un sitio donde no hay mucha competencia, no se llena, siendo un centro concertado”.

Para él, esto “no tiene sentido cuando hay unidades de La Macarena que vienen a recoger gente a Torreblanca. ¿Cómo puedes consentir eso teniendo una unidad concertada vacía en Sevilla Este?”, se pregunta, mientras continúa explicando su visión: “Yo le doy dos o tres unidades para elegir en la zona, pero en la zona, no a 35 minutos, que muchas veces con tráfico se te van más de 40 minutos -el tiempo máximo que puede pasar un paciente en un vehículo de transporte-, y más en una hora punta como trabajamos nosotros, que tenemos el mismo horario que los colegios”.

Rafael incide en el mismo aspecto cuando asegura que “aquí a Torreblanca vienen unidades de toda Sevilla y también de Alcalá, y para ésta, que es la más cercana a Torreblanca, no hay usuarios. ¿Por qué? ¿Tengo el gafe o qué? Ya a uno le da por pensar de todo”, lamenta.

La sombra de la sospecha del trato de favor a las grandes empresas

José Carlos Marqués, director de Macaghe

“Yo ya estoy desesperado”. Así resumen Rafael su situación. No le hacen falta más palabras que estas cuatro para reflejar su sentir ante el agobio y, en especial, ante la dejadez con la que la administración parece tratar su problema. “Yo no voy a aguantar que nadie se ría de mí, cuando yo estoy luchando por esto, cuando yo me levanto sin ganas y sin embargo vengo aquí y pongo buena cara para que a ellos no les afecte, a los ancianos”, asevera con total convencimiento. Rafael formará parte de la protesta que mañana, lunes 18 de junio, llevarán a cabo los empresarios y trabajadores de unidades de estancia diurna de Sevilla frente a la sede de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta, en la Avenida de Hytasa, una concentración cuya celebración recibe con “mucha ilusión”.

“Las familias están muy contentas con nosotros”, afirma. “Ya les hemos avisado del posible cierre y de que la Junta no paga. Ellos asienten con la cabeza pero es mi problema, no el suyo. Será su problema cuando cierren la residencia, que a ver dónde van a ir sus familiares, porque si prescindimos de este servicio, ¿van a tener que quedarse en su casa?”.

“De hecho”, remarca, “recientemente pasamos una inspección y la inspectora mismamente dijo que ella no tenía ninguna duda de que los mayores en esta unidad estaban muy bien cuidados. Entonces, ¿en qué quedamos? De eso se trata, de que el anciano esté bien cuidado, de que esté a gusto, de que se encuentre bien, de que se encuentre acogido, con cariño. Entonces, ¿qué queréis? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué pretendéis?”, clama con angustia ante el silencio que, como respuesta evidente, de pronto reina en la sala.

Es una creencia común entre las unidades de estancia diurna que hay cierto trato de favor a empresas grandes frente a las pequeñas y a las cooperativas del sector. “Yo no digo que haya favoritismo o no”, matiza José Carlos, “pero a las empresas grandes les conviene que las pequeñas desaparezcan. La Junta tiene muchas unidades y tiene que romperse la cabeza con muchas. Si todas estuvieran en una sola unidad, la Junta sólo tendría que romperse la cabeza con una sola”. A modo de ejemplo, trae a colación una anécdota no muy lejana: “aquí han venido unidades grandes preguntándonos que cuánto queremos por la unidad, que ellos ya tienen tres unidades en cada punta de Sevilla y que quieren una más en Sevilla Este”.

“Quiero que vaya bien, no quiero vendértela”, responde Rafael como si le estuvieran haciendo la proposición en ese mismo instante. “Yo la monté con mucha ilusión y aún no la he perdido. Si la hubiera perdido ya hubiera cerrado. Yo no he montado esto para hacerme rico. He montado esto para trabajar para mí, para ayudar a otras personas que lo necesitan. Que no te dejen luchar por lo que quieres es muy triste”.

Anuncios