Los impagos en dependencia también afectan a las residencias de Sevilla

Gregorio Verdugo / Jesús Rodríguez | Dos cerezos frondosos de hojas cárdenas flanquean la entrada de la Residencia de Mayores Siglo XXI. “Son franceses”, nos cuenta Javier Granado, el director, “dan cerezas cada tres años, y están muy buenas”. Por delante, un amplio y cuidado jardín de casi 40.000 metros cuadrados se ofrece al paseo por entre una amplia variedad de árboles y plantas.

“Ahora tenemos una invasión de abejas”, nos dice mientras nos acompaña al cobijo de las sombra. “Hay dos fincas cercanas que tienen panales y no les ponen el agua que necesitan y cuando regamos el césped y los árboles nos invaden. Hemos puesto un barreño allí, para que se concentren en un solo lugar y no estén por todo el jardín con los abuelos paseando. Es muy peligroso”.

Javier nos señala un barreño de cinc colocado bajo la sombra de uno de los pinos a cuyo alrededor revolotean cientos de abejas que se posan para tomar el agua que necesitan y marchase de nuevo al panal del que provienen. “Hemos ido al Seprona y al Ayuntamiento para que nos den una solución, pero han hecho oídos sordos a nuestras peticiones y hemos tenido que improvisar lo del barreño”.

La Residencia de Mayores Siglo XXI está ubicada en el kilómetro 160 de la carretera de Alcalá de Guadaira a Utrera, en Sevilla. Javier se queja de que la misma desidia que se ha encontrado por parte de la administración con el problema de las abejas se repite con la deuda que la Junta de Andalucía tiene contraída con ellos.

El complejo cuenta con 50 plazas de las que 40 son concertadas. Desde marzo de este año la administración andaluza no les abona las mensualidades, lo que supone ya un montante de deuda de más de 70.000 euros, a unos 25.000 euros por liquidación, ya que la instalación tiene unos gastos fijos mensuales de 35.000 euros. A pesar de ello “a los trabajadores no se les debe nada actualmente, aunque ya hemos mantenido una reunión con ellos para que sean conscientes de la situación que estamos atravesando”.

La empresa que dirige Javier es de tipo familiar, la montaron entre él y su hermana en 2002, y ahora mismo se encuentran “tirando de recursos propios” para sortear la situación. A este paso “sólo podremos resistir dos o tres meses más a lo sumo”, nos dice resignado, “Es a partir de que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se hace cargo del tema cuando comienzan los retrasos en los pagos”.

Ahora todo su empeño es reunir de alguna manera a todas las residencias de mayores que atraviesan una situación similar y hacer una especie de comunicado “con todos los números por delante para ir a la Agencia y pedirle una solución”. Porque “cuando tienes un nivel de dependencia de la Junta de más del 88%, en el momento que se te retrasan dos pagos ya empiezas a tener dificultades”.

Lo que más le preocupa a Javier es la sensación de abandono por parte la administración autonómica que están padeciendo. “Con la Agencia ya tenemos problemas”, nos cuenta, “porque es la cuarta ubicación física que tienen en este año y ahora están en una zona a la que físicamente no se puede acceder y han puesto un teléfono de contacto con un horario, de 10 a 13 horas, y a eso es a lo que se limita el contacto con ellos ahora mismo”. “Es una sensación como de que os estamos dejando de lado y mientras ustedes no nos deis la lata aquí vamos a aguantar”.

Javier Granado, en la puerta de la Residencia Siglo XXI

Asegura que se han puesto en contacto con la responsable y “nos dijo que era una situación complicada, pero que no tenía ni idea de cuándo se va a pagar”. La prioridad ahora es reunirse con la Junta con los números por delante y que exponga cuál es su intención, “si tienen un plan de pago o por lo menos que nos digan algo. Lo que no puede ser es que no haya respuesta de ningún tipo.”

De momento ha invitado a todas las residencias que se encuentren en una situación análoga a sumarse a la manifestación que ASUED ha convocado para el próximo lunes 18 de junio. “He cogido el correo que me mandaron y lo he reenviado a todas la residencias para que se unan, porque al final todos somos empresas de interés social. A ver si entre todos somos capaces de conseguir que nos atiendan”.

Javier afirma que con las residencias se ha llegado “al último escalón de la escalera” del impago, porque al final “es un problema para ellos, porque yo cojo un autobús y te pongo los cuarenta abuelos en la puerta de la Delegación y tú te haces cargo con sus familiares, porque la responsabilidad es suya. Yo estoy cumpliendo mi parte del convenio”. Pero en su opinión la presión debería realizarse por el mayor número de residencias posibles, porque salvo excepciones todas están en la misma situación.

El temor se acrecienta ante la posibilidad de que los futuros recortes presupuestarios de la Junta de Andalucía les afecten aún más y hagan la situación prácticamente insostenible. Sobre todo por el silencio persistente de la administración al respecto, “porque el hecho de que las entidades con las que tú estás trabajando mano a mano no te respondan demuestra que están muy mal, que vas a cerrar y te vas a ir, porque otra cosa no se me ocurre”. Ya que estamos hablando “de un derecho reconocido por ley, que un abuelo se va ahora mismo a los tribunales y lo puede exigir”.

Javier nos cuenta que lo más importante en este momento es la unión de todas las residencias. Nos habla de que la de Camas se ha visto obligada a reducir su plantilla en un 30% y otra de “un pueblo del Aljarafe que ya ha dicho a la Agencia que si no le pagan el lunes cierra, que ya no podía más porque llevaba tres meses tirando de sus propios recursos”. Y ha empezado a recibir respuesta a sus correos de otras residencias que le dicen que cuente con ellas “incluso de la concejala de Carrión de los Céspedes, que tienen una residencia con los mismos problemas”.

Curiosamente, los que están al corriente de pago son “los grupos fuertes”, como Vitalia, que tiene “como diez o doce residencias y miles de plazas concertadas” y que “ayer nos dijo que están al día de cobro, lo que todavía nos hace desconfiar más”. Porque el miedo que existe a emprender acciones es que se teme que “te quiten las plazas para dárselas a ellos, que son empresas grandes, tienen liquidez y sortean mejor la situación, mientras tú quedas con el culo fuera”. Es el motivo de que la gente se muestre cauta y reacia, pero claro “la situación se está volviendo ya insoportable”.

Es lo que tiene trabajar en “una profesión humanitaria, que es un fin humano donde trabajas con personas”, porque ellos “juegan con que no vamos a dejar a los abuelos en la calle, pero algún medio de presión hemos de tomar, aunque sea como último recurso”.  Porque en el fondo está el temor de que con esto se esté haciendo “algún tipo de limpieza”, como ya ocurrió con la Ley de la Dependencia, que “ya echó fuera a gente del sector, porque el que no estaba dentro de los criterios que marca se quedó sin clientes”. “Se quitaron entonces a los pequeñitos, esos chalets que había que ya no existen y puede que ahora la estrategia sea quitar de en medio a los medianos para dárselas a los grandes grupos, aunque no creo que les interese mucho depender en tan gran medida de los grandes grupos”.

El lunes Javier acudirá a la manifestación con la intención de coordinar las protestas entre todos para que la fuerza sea mayor. Cuando nos acompaña al exterior del edificio, un grupo de abuelos escucha la radio a la sombra del porche de la entrada. Los ancianos, ajenos a toda esta problemática, nos miran absortos impelidos por la curiosidad. En el espléndido jardín exterior reina la ley del trinar de los pájaros y el lejano rumor del motor de un coche rodando por la carretera próxima. La sensación de paz y de calma es casi aplastante, aunque un tanto aparente, porque tras el trasfondo de la dicha el bienestar de muchas personas en el último tramo de su vida está en juego.

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